En 2022, Uruguay y Chile llevaron adelante algo que ningún otro país había hecho hasta ese momento: emitir deuda soberana cuyo interés está ligado al desempeño del país en relación a sus  metas ambientales . El bono uruguayo, por USD 1.500 millones a 2034, tuvo —según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— una demanda de casi USD 4.000 millones, 2,6 veces lo ofrecido, y en 2023 el país decidió volver a salir al mercado por USD 700 millones adicionales. Uruguay y Chile siguen siendo, a la fecha, los únicos dos soberanos del mundo que emitieron este tipo de instrumento.

La lógica es distinta a la de un bono verde tradicional que vincula los fondos con un proyecto puntual (como un parque eólico o una planta de tratamiento): el Sustainability-Linked Bond (SLB) uruguayo ata el costo de la deuda al los indicadores  de reducción de emisiones y área de bosque nativo, verificados externamente con ajustes al alza o a la baja en el cupón.

Fue una innovación real: convierte compromisos climáticos que suelen quedar en discursos, en cláusulas contractuales con consecuencias financieras reales. El  propio MEF, en sus informes anuales de 2025 y 2026, reconoce que cumplir la meta de emisiones no está garantizado: si bien las emisiones del sector agropecuario, forestal y de uso de la tierra, que concentran el 73% de las emisiones totales del país, subieron en 2023 por el uso de fertilizantes nitrogenados, se redujeron significativamente en 2024, y se ubica aún a 2 puntos porcentuales de la meta del indicador (de reducción de 50% respecto al año base), fijada para el año 2025. En definitiva,  Uruguay podría terminar pagando más caro por su propia deuda si no logra alinear compromisos, política pública y dinámicas del sector privado.

El liderazgo del Estado uruguayo en los mercados de capitales aún no encuentra un correlato en el financiamiento del sector privado. . Los Sustainability-Linked Loans (SLL) —la versión corporativa del mismo mecanismo, donde el margen de un préstamo baja o sube según metas de sostenibilidad— tuvieron un crecimiento explosivo a nivel global: según BBVA CIB, el mercado alcanzó EUR 907.000 millones en 2024. Pero, según Environmental Finance, América del Sur concentra menos del 1% de ese volumen, muy por debajo del 9% que representa en bonos soberanos. Y de los pocos casos difundidos públicamente en la región, ninguno es uruguayo.

Algunos ejemplos incluyen el caso de  LATAM Airlines, que en 2024  firmó su primer SLL con Credit Agricole y BNP Paribas,  por USD 300 millones atados a la intensidad de carbono por tonelada transportada,  siendo la primer compañía aérea sudamericana en concretar este tipo de financiamiento.  En ese mismo año,  FIBRA Macquarie, fondo inmobiliario mexicano, tomó un préstamo de la Corporación Financiera Internacional (IFC) por USD 150 millones ligado a la certificación verde de todo su portafolio de parques industriales,  O el caso de Banco Finandina, en Colombia, que firmó también con IFC en 2025  un SLL por hasta USD 75 millones para expandir sus crédito a vehículos eléctricos y empresas lideradas por mujeres. Pero estos son casos aislados, y no representan aún el desarrollo de un mercado.

Entre las principales barreras aparecen los costos de estructurar y verificar el instrumento, que resultan muchas veces demasiado altos  para empresas medianas,  que no cuentan con sistemas de datos ESG robustos.Los datos confiables escasean fuera de las grandes empresas, y los proveedores de segunda opinión (SPO) necesarios para validar la relevancia y ambición de las metas establecidas, están concentrados en pocas firmas globales, lo que encarece aún más el proceso.

Esa es la brecha que Uruguay tiene que cerrar: los bancos locales, que financian la mayor parte del sector productivo, recién están dando los primeros pasos para desarrollar las capacidades técnicas que exige diseñar y monitorear este tipo de operaciones, y todavía enfrentan incertidumbre a la hora de evaluar el riesgo. El acompañamiento de los organismos multilaterales, con financiamiento, metodologías y asistencia técnica, es clave en esta etapa de aprendizaje.

Uruguay demostró que puede ser pionero en las finanzas soberanas. El desafío pendiente, de menor escala pero no necesariamente menos complejo, es trasladar ese aprendizaje al sistema financiero, para que la economía real también pueda financiarse bajo criterios de sostenibilidad. El verdadero hito no fue emitir un bono innovador, sino lo que viene después: construir un mercado que incorpore estos instrumentos de forma amplia y sostenida.